A- de 2021

Conflicto de jurisdicción entre el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo, Sección Tercera, del Circuito Judicial de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de la misma ciudad.

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una demanda ordinaria laboral que presentó SANITAS EPS en contra de ADRES, con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la solicitud de recobro por los servicios no incluidos en el pago de beneficios vigente para la fecha de su prestación, así como la indemnización de perjuicios equivalentes al 10% del valor anteriormente mencionado y los intereses moratorios correspondientes.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte reiteró la regla de decisión fijada en el Auto 389/21, en virtud de la cual estableció que le corresponde la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las controversias judiciales relacionadas con el pago de recobros por parte del Estado a las entidades promotoras de salud por prestaciones no incluidas en el extinto POS (hoy PBS), con fundamento en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior, por cuanto en estos litigios una EPS cuestiona actos administrativos proferidos por ADRES.

Se precisa que, este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo, por cuanto no se relaciona, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social, sino de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.

Con base en lo anterior se ordena el envío del expediente al Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo, Sección Tercera, del Circuito Judicial de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente providencia al otro operador jurídico involucrado y a los sujetos procesales interesados.